La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) convocó a una jornada nacional de protesta sin concurrencia a los lugares de trabajo para el 24 de octubre.
La medida es en rechazo al ajuste aplicado por el Gobierno Nacional y en defensa del salario como “pilar de la dignidad de los trabajadores argentinos, víctimas de un proceso devaluatorio que ha menguado gravemente su poder adquisitivo”.
“AMET considera inaceptable el ajuste dispuesto sobre los fondos destinados a educación, pero además observa con gran preocupación las consecuencias sociales de estas medidas de ajuste, las cuales se combinan con el deterioro del salario de los trabajadores con el consiguiente impacto negativo en el consumo interno”, argumentó la secretaria general Sara García.
La titular de AMET advirtió que “los docentes de la modalidad técnica paramos en rechazo a las medidas de ajuste, pero también con la firme decisión de expresar el profundo malestar que nos embarga como consecuencia de una espiral inflacionaria que pone en riesgo el derecho esencial de las personas a vivir dignamente”.
“Más allá de nuestra vocación dialoguista y de la voluntad de consenso que demostramos como característica a lo largo de la trayectoria gremial de AMET, debemos decir que no siempre es posible transitar hacia las soluciones por el camino de las coincidencias. En este caso puntual, no hemos sido escuchados y nos vemos en la necesidad de recurrir a una medida de acción directa como medio legítimo de reclamo”, puntualizó.
Sara García advirtió que “no llegaríamos a esta instancia de paro si no hubiera razones sobradamente justificadas para esta acción de protesta”, entre las cuales “se incluyen decisiones políticas que afectan al sistema de educación pública mediante recortes presupuestarios en rubros sensibles de nuestra actividad”.
“Estamos hablando de la reducción de recursos destinados a los programas sociales educativos como el Conectar Igualdad, y de los fondos destinados a la capacitación docente. Es decir, advertimos el peligro de una disminución de la calidad educativa, un riesgo que hace peligrar el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes en todo el país”, expresó la secretaria general.
Sara García recordó finalmente que “nuestra medida incluye además un llamado a la reflexión a nuestros legisladores nacionales, porque el presupuesto sale por ley y se trata en el Congreso en un debate en el que esperamos escuchar posiciones a favor de la educación pública. Dicho de otro modo, ellos tienen la última palabra al votar el proyecto”.
