La situación de emergencia por la que atraviesa la educación pública de Santa Cruz no encuentra solución sino, por el contrario, una sucesión de intentos gubernamentales por vulnerar a los trabajadores de la educación a través de extraños ensambles legales con los que se busca impedir el derecho de huelga.
Según difundieron algunos medios críticos y las organizaciones sindicales de esa provincia (entre ellos la delegación local de AMET), la gobernadora Alicia Kirchner buscó primero sancionar una Ley de Emergencia Educativa y, en una segunda instancia, declarar a la educación como servicio esencial. Ambos proyectos apuntaban a impedir los reclamos docentes, pero fracasaron en la instancia parlamentaria.
Ahora la novedad es que en su tercer maniobra para vulnerar el derecho a peticionar de los docentes, el gobierno santacruceño propuso un nuevo proyecto de ley para establecer reglaas de excpeción mediante un 'Acuerdo Social Educativo', el cual excluye a las organizaciones sindicales.
Advertida de la situación, la secretaria general de AMET Nacional, Sara García, rechazó la iniciativa del gobierno de Santa Cruz y lamentó que 'se recurran a estas maniobras para eludir la principal responsabilidad del Estado en materia de educación como es la de garantizar el pago de salarios y las buenas condiciones laborales'.
'Es evidente que ante la falta de respuesta en el plano salarial, sin capacidad de gestión y sin voluntad de diálogo, el gobierno provincial intenta maquillar sus medidas arbitrarias como acuerdos que en realidad no tienen ningún grado de consenso', advirtió García.
La titular de AMET remarcó que 'todos estos intentos de la patronal indican que Santa Cruz está entrando en una situación sin retorno, en la que hasta se piensa en recurrir en cualquier ciudadano para reemplazar a los docentes en caso de convocarse una medida de fuerza'.
'Es una situación tan grave que estamos a un paso de que las escuelas se conviertan en depósitos de niños, sin ningún apego por las condiciones pedagógicas y quebrantando totalmente las normas que rigen el sistema educativo público', advirtió la secretaria general.
Sostuvo que 'ahora intentan con un Acuerdo Social que en realidad no es tal, porque los únicos firmantes son funcionarios del Consejo de Educación de la provincia y legisladores del partido gobernante, con lo cual no hay consenso alguno'.
'En un párrafo del artículo segundo de este supuesto acuerdo se menciona simplemente invitar a representantes docentes, sin especificar quiénes son esos representantes y si tienen la condición de organización gremial debidamente habilitada para funcionar como tal', subrayó Sara García.
'Todo esto nos obliga a mantenernos en estado de alerta y así lo haremos, en una actitud de solidaridad y acompañamiento para con los compañeros de Santa Cruz, y para que este tipo de medidas no se aplique en ningún punto del país', sentenció la secretaria general de AMET.
