La conducción nacional de AMET condenó el intento del Gobierno de Santa Cruz de “coartar las libertades sindicales y los derechos laborales de los docentes de esa provincia mediante un proyecto de emergencia educativa que sólo busca disimular los incumplimientos de las obligaciones patronales”.
La secretaria general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García, expresó su “solidaridad con los compañeros de la provincia de Santa Cruz ante un proyecto que atenta contra los principios esenciales del derecho laboral de nuestro país”.
En ese sentido, se sumó al pedido de AMET Santa Cruz para que “la Legislatura se abstenga de aprobar el proyecto en cuestión, el cual representa un retroceso de la institución educativa y de los niveles de enseñanza”.
El proyecto en cuestión fue presentado por la gobernador Alicia Kirchner hace pocos días con el objetivo de que sea tratado sobre tablas el 11 de agosto, para instaurar un nuevo régimen laboral que bajo la figura de un estado de emergencia suprima el derecho de los docentes a reclamar ante las autoridades.
AMET Santa Cruz denunció “un agravio a los derechos de los trabajadores”, crítica luego refrendada por la conducción nacional del gremio de los docentes técnicos, que advirtió sobre el riesgo de “apelar a recursos burocráticos innecesarios en vez de dar las repuestas que marca la ley”.
Es que el proyecto de la gobernadora Kirchner dispone que el Consejo Provincial de Educación adquiera facultades extraordinarias por las cuales se garantice la actividad escolar aunque se registren atrasos salariales o cualquier otra situación que genere la disconformidad del sector docente.
La titular de AMET Nacional sostuvo en ese sentido que “la forma en que el sistema educativo funcionará correctamente es con un Gobierno que cumpla con el pago de salarios y las condiciones laborales dignas que incluyen el buen estado edilicio de las escuelas, el equipamiento didáctico y el respeto por la carrera docente”.
“Ninguno de esos preceptos se están cumpliendo en Santa Cruz, donde se han producido demoras en el pago del aguinaldo y otras irregularidades que llevaron a los compañeros docentes a ejercer su derecho de reclamar ante las autoridades”, remarcó Sara García.
Para la titular de AMET, la llamada emergencia educativa “sólo servirá para crispar los ánimos en una sociedad que podría desembocar en el agravamiento de los conflictos laborales, en un camino de difícil retorno”.
“La respuesta ante las falencias del Estado en la prestación del servicio de enseñanza no puede ser en ningún caso atribuirse poderes y facultades extraordinarias para alterar y violar el régimen de ingresos y ascensos a la carrera docente”, puntualizó la secretaria general.
El respaldo de AMET Nacional a la regional Santa Cruz incluyó un reclamo a las autoridades legislativas de esa provincia para que “no se apruebe esta iniciativa del oficialismo provincial” dado que “una ley de estas características profundizará las diferencias y terminará perjudicando seriamente a los alumnos de todos los niveles educativos”.